A partir del próximo lunes 11 de octubre, la Sala Constitucional implementará el uso del expediente digital, con el cual pretende reducir los tiempos de respuesta de cada asunto. Foto: Adriana Araya

Las reformas que a partir del próximo lunes 11 de octubre se podrán en marcha abarcarían la digitalización de documentos y la oralidad en lo que se refiere a expedientes de hábeas corpus, consultas legislativas, acciones de inconstitucionalidad, conflictos de competencia y recursos de amparo.

La magistrada Ana Virginia Calzada Miranda, presidente de la Sala Constitucional, explicó que el 50% de los asuntos presentados por los usuarios son rechazados de plano o por el fondo.

“Son asuntos que nada hacen con ingresar a la Sala, los de plano es porque son asuntos que no corresponde resolverlos a la Sala Constitucional, y por fondo es cuando la sala ya ha dictado sentencias en otros casos, donde se indica que el asunto no corresponde a la sala o los ha declarado inconstitucional”, comentó la magistrada.

En esencia, la reforma tiende a obtener fines la eficacia, eficiencia y transparencia, sin dejar de lado el fenómeno de la brecha digital, porque no todas las personas tiene acceso a la tecnología.

Estas personas que no cuentan con la facilidad al expediente digital también pueden hacer sus gestiones por medios físicos.

Acortar los tiempos

Con la digitalización del expediente, los magistrados pretenden acortar el tiempo de respuestas de los asuntos anteriormente mencionados.

Actualmente, la Sala utiliza dos sistemas, uno es la votación electrónica, la cual representa un ahorro de 40 días, en comparación con otro que no se haga por está vía.

“Yo pienso que en el caso del recurso de amparo podríamos estarlo resolviendo en cuestión de un mes y medio, mientras los hábeas corpus en menos de ese tiempo”, agregó Calzada. La magistrada también informó que el segundo paso de esta reforma organizacional se va a centrar en hacer notificaciones vía electrónica, con lo cual se persigue economizar mucho tiempo y papel, que es una de las políticas adoptadas por el Poder Judicial.