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Detectan irregularidades en Consejo de distrito de Lepanto Imprimir Correo electrónico
Escrito por Luis Miguel Herrera Castro   
Miércoles 01 de Septiembre de 2010 22:53
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El mal visado de propiedades en Lepanto, provincia de Puntarenas, fue detectado por la Defensoría.
Varias irregularidades fueron detectadas por parte de la Defensoría de los Habitantes en la tramitación que realiza el Consejo de Distrito de Lepanto en el visado de planos para autorizar fraccionamientos.

Según explicó el ente, el Defensor Adjunto de los Habitantes, Luis Gerardo Fallas Acosta, y personal de la Sede Regional Pacífico Central durante la visita a la intendencia local verificaron que varios visados de catastro han sido firmados por el intendente municipal a pesar de que el funcionario carece de competencia en la materia y a pesar de que cuenta con el apoyo del Departamento de Ingeniería de la Municipalidad de Puntarenas.

Al mismo tiempo varios de esos planos fueron elaborados por el hijo del intendente en su calidad de topógrafo privado, y presuntamente merecieron un trámite más expedito en dicha entidad.

Por su parte, de una muestra de planos solicitados, uno no se logró ubicar y el funcionario a cargo adujo desconocer su destino, antes de reconocer que el sitio en que se archivan dichos documentos carece de las condiciones mínimas de seguridad para impedir eventuales sustracciones, a pesar de haber ya denunciado la situación y solicitado al intendente tomar cartas en el asunto.

 

Sigue investigación


Cabe mencionar que el Defensor Adjunto interpeló al intendente municipal, Pedro Rodríguez Sánchez, sobre dichas irregularidades y le puntualizó la necesidad de cesar el visado de planos de manera inmediata y en su lugar continuar recurriendo a la Municipalidad de Puntarenas para ese trámite, mientras se realiza la correspondiente investigación.

Para Fallas, lo observado en el Consejo de Distrito de Lepanto constituye, además de un incorrecto proceder por parte del jerarca local, una consecuencia de la insuficiente capacitación recibida tanto por dichos funcionarios de elección popular como del personal técnico encargado de atender segregaciones y proyectos constructivos en este tipo de órganos municipales, amén de visibilizar sus notables debilidades en materia de control interno y valoración del riesgo, todo lo cual abre espacios para las edificaciones ilegales y para violentar las normas de desarrollo urbano.

 

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