Sin embargo, ante la posibilidad de que haya problemas en la aplicación, razonabilidad de las sanciones y también en la conexidad de la normativa, los diputados de forma unánime decidieron que el proyecto cumpla con el principio de publicidad y, además, la Corte Suprema de Justicia le pase la lupa.

Para ello, los magistrados tendrán un plazo máximo de ocho días, y se le dan dos más para que el proyecto llegue al Plenario otra vez.

Villalta aduce que la aprobación de un texto sustitutivo el último día de mociones de fondo por artículo 137 del Reglamento de la Asamblea no dejó posibilidad al derecho de enmienda de los diputados, y que se excedieron en penas y en conexidad. Carlos Góngora, presidente de la Comisión de Seguridad Ciudadana, por su parte, comentó que con la publicación y el criterio de los magistrados se le puede dar aval al plan.

Apuntó también que la penalización tiene que ver con propiedad intelectual sobre todo en cuanto al uso de paquetes informáticos de forma ilegal, y que precisamente las penas altas son para desincentivar estas prácticas en el país. “Muchos de estos delitos tienen que ver con suplantación de identidad y el vaciado de las cuentas bancarias de muchos costarricenses. No estaremos satisfechos hasta que se apruebe esta ley”, concluyó.

Según Góngora, el país sería innovador en la materia, por cuanto no ha sido abordado en América Latina aún.