En este sentido, Rodrigo Aguilar, presidente de la Confederación de Trabajadores Rerum Novarum (CTRN) sostuvo que el 3,41% ya está en firme, por lo que considera muy difícil que el gobierno eche atrás en su posición.

“Se  tomaron algunas disposiciones de responder al documento presentado por el gobierno, por lo que se hará un trabajo con las organizaciones. (…) En este sentido se considera importante indicar la necesidad de solicitarle a la Presidenta de la República que revise el documento, pues en la forma en la que se redactó  no da mucho margen para nada.

“Dentro de los puntos más importantes es que se considera necesario revisar el ajuste para los no calificados, debido a que se encuentran en la escala salarial baja y son los que menos ingresos tienen, por lo que no descartaríamos que para este sector se apruebe un ajuste adicional”, determinó Aguilar.

Además otro de los puntos que pondrán en la mesa de negociación es la vigencia de la Comisión Negociadora, pues según indicó Aguilar, la misma fue creada para, entre otros, la constitución de una política de salarios.

“El gobierno alegó en esta fijación  salarial problemas económicos y déficit fiscal, por lo que no puede discutir los demás temas de la propuesta que presentó el sector sindical, lo que es una posición bastante negativa, por lo que será necesario que se  clarifiquen la situación o que se replantee los términos del decreto que crea la Comisión Negociadora de Salarios del sector público”, recalcó Aguilar.

La Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP) solicitó una reunión, con carácter de urgencia con la presidenta de la República, Laura Chinchilla, para exponerle el documento presentado por el movimiento sindical para el recién pasado proceso de negociación salarial.

Al consultarle sobre las medidas de presión, respondió que por el momento no se han tomando la decisión de realizar movilizaciones o concentraciones por salarios.