Como si no fuera suficiente con el proyecto de ley de reforma a la Constitución Política que tenían entre manos para establecer una protección al agua como bien de dominio público y asegurar el derecho humano de acceso a dicho bien, ahora las propuestas se han multiplicado, bajo el riesgo de que queden en el limbo.

A partir de la reforma al inciso 14 del artículo 121 de la Carta Magna, para introducir la modificación como una atribución del Congreso de la República, Liberación Nacional buscaría reformar además el numeral 50, dentro de los derechos y garantías de los ciudadanos costarricenses.

La iniciativa que sigue promoviendo Viviana Martín, jefa oficialista, también incluiría un transitorio que mantenga como vigentes las leyes relativas al otorgamiento de derecho para explotación de bienes como el del agua, en tanto no se tramite y apruebe una nueva normativa.

Víctor Emilio Granados, jefe de fracción del PASE, explicó a LA PRENSA LIBRE que les parece muy acertada la propuesta oficialista, mientras otros partidos e incluso diputados han presentado sus propias propuestas.

La libertaria Mireya Zamora comentó a este medio que su visión es para proteger el derecho humano de acceso al “agua potable”, como obligación del Estado, sobre todo por hechos como el acaecido en la Región Norte, con la muerte de una niña por consumo de agua contaminada.

Mientras tanto, la propuesta de la Unidad Social Cristiana modificaría el artículo 21, donde la Carta Magna establece la inviolabilidad de la vida humana, a lo cual Luis Fishman propone agregar “toda persona tiene derecho a la salud, a acceder al agua de forma suficiente, segura, física y económicamente asequible, y en condiciones de calidad adecuadas para el consumo humano, tanto para el uso personal como doméstico”.

Acción Ciudadana, sin embargo, se mantiene en su posición para incluirlo como una atribución de la Asamblea.