• Esperará sentencia del Tribunal Contencioso Administrativo

• La eventual rescisión de los permisos otorgados por el Poder Ejecutivo para la operación de la mina Las Crucitas causará demandas pecuniarias, cuyas posibles indemnizaciones tendremos que pagar todos los costarricenses, dijo Vicepresidente de la República, Alfio Piva

El proyecto Crucitas tiene aún posibilidades de seguir sus operaciones, ante la negativa del Gobierno de tomar una decisión ajena a las instancias judiciales.

Piva mencionó que la Sala Constitucional reconoce las competencias y atribuciones del Poder Ejecutivo para rescindir las concesiones y permisos otorgados en el pasado a cualquier empresa, no obstante, también esa instancia lanza la advertencia de asumir la responsabilidad por sus consecuencias, en caso de tomar acciones sin que concluya el proceso.

“De modo que la eventual rescisión de los permisos otorgados por el Poder Ejecutivo para la operación de la mina Las Crucitas causará demandas millonarias, cuyas posibles indemnizaciones tendremos que pagar todos los costarricenses”.

En un cálculo a “mano alzada”, el Vicepresidente de la República estimó en unos $1.700 millones el monto de la indemnización que pagaría el Estado en caso de suspender la gestión minera en Crucitas.

“Las eventuales responsabilidades consecuentes a las que se refiere la Sala Constitucional resultan aún más atendibles con la sentencia de este alto tribunal al reconocer la legalidad de los permisos de explotación hasta ahora otorgados al proyecto en cuestión”, acotó Alfio Piva, sobre el análisis realizado tras la publicación de la sentencia completa que emitió la Sala Constitucional el 9 de julio pasado.

Por su parte, la presidenta Chinchilla fue clara y enfática al comentar: “Nos guste o no nos guste, existen instancias específicas para llevar éste caso, lo cual fortalece la estructura jurídica y el Poder Ejecutivo está actuando sobre ésta legalidad”.

Comisión para monitoreo

Mientras surge el pronunciamiento del Tribunal Contencioso Administrativo, el Poder Ejecutivo pondrá en marcha la Comisión Mixta de Monitoreo y Control Ambiental, que ejecutará la fiscalización de las obras en la mina Crucitas, así como el cumplimiento de los parámetros establecidos para éste tipo de actividad.

“Aunque el proyecto se encuentra en este momento paralizado, como consecuencia de las medidas cautelares dictadas por los tribunales, resulta imperativo ejercer una fiscalización oportuna, mediante la activación de los mecanismos técnicos y legales, que le corresponde al Estado, como es la convocatoria de la Comisión”, mencionó.

Se trata de 15 funcionarios ligados a dependencias del Ministerio de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones (Minaet) y la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (Setena), tales como geología y dirección de aguas. Asimismo, el Servicio Nacional de Aguas Subterráneas Riego y Avenamiento (Senara), junto a los representantes de las ocho comunidades implicadas en el proyecto minero.

No actividades extractivas

La presidenta de la República, Laura Chinchilla, resaltó que si bien en el caso de Crucitas aún no tomarán acciones, como Poder Ejecutivo tienen claro no dar paso a una economía extractiva de recursos naturales.

Sobre ese aspecto indicó que Costa Rica tiene una línea clara sobre la ruta para alcanzar mejores indicadores económicos y si ésta no va ligada con ese tipo de acciones, el Gobierno debe asumir la responsabilidad de fortalecer otros instrumentos que tendrían efecto en el desarrollo, como por ejemplo calidad y acceso a la educación, generar empleos y oportunidades de crecimiento.

“Con independencia de lo que resulte en las instancias judiciales correspondientes, el Gobierno no promoverá una economía extractiva de recursos naturales. Por ello impulsará una reforma integral al Código de Minería, que procura eliminar, hacia futuro, la actividad minera metálica a cielo abierto en el país”, recordó Chinchilla.