• Dineros se encuentran depositados en el Banco Crédito Agrícola de Cartago

Pese a que se logró que la empresa francesa pagara, la Procuraduría General de la República mantiene la acción civil resarcitoria contra los imputados

El 9 de marzo anterior, Alcatel procedió a efectuar el pago por el daño ocasionado al país.

El depósito de los recursos fue confirmado por la Procuraduría General de la República (PGR), y el monto es para resarcir el daño social que sufrió la colectividad en el proceso penal conocido como ICE-Alcatel, bajo el expediente número 04-6835-042-PE, que se tramita en el Tribunal Penal del Segundo Circuito Judicial de San José.

El acuerdo al que llegó la Procuraduría con Alcatel fue avalado por un Juez del Tribunal Penal del Segundo Circuito Judicial de San José, el 24 de febrero anterior, por lo que a partir de la aprobación del Juez, la empresa Alcatel-Lucent France S.A. contaba con un plazo de 15 días naturales para efectuar el depósito, acción que se concretó el 9 de marzo anterior, en la cuenta única del estado en el Banco Crédito Agrícola de Cartago, cuyo entero es es número 0227927.

Al respecto, Ana Lorena Brenes Esquivel, procuradora general de la República indicó que “ya confirmamos el depósito del dinero y enviamos una nota al jerarca de Hacienda para informarle de dicha transacción. Asimismo, le solicitamos respetuosamente valorar la posibilidad, en virtud del concepto por el cual se ha recibido el dinero, que el destino final de éste implique un beneficio a los intereses de la colectividad. Espe-raríamos que se invierta en proyectos que impacten directamente a la población”.

En pie

Brenes añadió que la Procuraduría mantiene la Acción Civil Resarcitoria por daño social, que asciende a $52 millones contra los otros imputados en el caso ICE- Alcatel, “lo cual implica que el pago efectuado por la empresa de telefonía francesa en nuestro criterio, no beneficia al resto de los involucrados.

“El juicio por este caso iniciará el próximo 13 de abril  en el Tribunal Penal del Segundo Circuito Judicial de San José”, refirió Brenes.

Entre los imputados de este caso figuran el ex presidente de la República Miguel Ángel Rodríguez Echeverría; el ex directivo del ICE Joaquín Alberto Fernández Alfaro; Leonel Barrios Arce, quien era el ex asesor técnico de Alcatel; el ex presidente de Alcatel Edgar Valverde Acosta; Guido Sibaja, quien fungió como coordinador de la comisión adjudicataria del ICE; Eliseo Vargas García, ex diputado, y Rodrigo Méndez Soto, ex subjefe de Icetel, entre otros.

Los delitos que se les atribuye son de corrupción agravada derivada de cohecho impropio, enriquecimiento ilícito, penalidad de corruptor derivado de cohecho impropio, fraude de simulación y favorecimiento real.

Según comentó Brenes, el depósito de Alcatel  se convierte en la quinta transferencia de fondos que recibe el Estado costarricense, producto de los acuerdos de conciliación que ha efectuado la Procuraduría General de la República por concepto de daño social, a través del Área de la Ética Pública. Los montos recibidos con anterioridad superan los $3 millones.

“Si tomamos en cuenta que el daño social es un concepto de reciente utilización en el país y que no existen registros sobre el tema en América Latina, que confirmen el reconocimiento de empresas o particulares que parti-ciparon en actos de corrupción que afectan a la colectividad, los procesos que hemos logrado concretar representan un gran acierto para la Procuraduría General de la República”, reafirmó Brenes.