• CGR advierte riesgo y prohibición de esa política

Durante los años 2007, 2008 y 2009 se han financiado con ingresos de capital, gastos corrientes por un total de ¢982,9 millones

Las autoridades del INVU atribuyen ese tipo de práctica a la falta de apoyo financiero por parte del Gobierno Central para solventar las necesidades de recursos existentes.

La Contraloría General de la República (CGR) atribuye el déficit de ingreso corriente a la falta de capacidad para generar recursos provenientes del giro normal de su negocio o actividad, que permitan mantener la operatividad de la institución. Más preocupante aún considera que sea cubierto ese vacío con ingresos producto de la venta de activos, ingresos producto de intereses generados por inversiones, o transferencias de capital recibidas.

“El INVU presenta en los últimos años una situación financiera frágil que ha propiciado el uso creciente de ingresos de capital para financiar el déficit que genera su relación ingreso corriente-gasto corriente, lo cual, además de constituir un mecanismo de financiamiento prohibido por disposición expresa de la Ley de Administración Financiera y Presupuestos Públicos y demás normativa atinente, representa el riesgo inminente de que la Institución finalmente se “descapitalice” y pierda tanto su condición de negocio en marcha como su capacidad para cumplir con los objetivos para los cuales fue creada”, señala el ente contralor.

La fiscalización precisa que en los años 2007, 2008 y al 30 de junio de 2009, el INVU no fue capaz de generar ingresos corrientes en cantidad suficiente para financiar sus gastos corrientes, situación que pudo colapsar por sí misma las operaciones por no poder financiar en su totalidad el pago de salarios, cargas sociales, servicios públicos o mantenimiento de instalaciones y equipos, entre otros. Precisamente, la gerente general del INVU, María del Carmen Redondo Solís, dijo a la Contraloría, el pasado 26 de noviembre, que durante los años 2007, 2008 y 2009 se han financiado con ingresos de capital, gastos corrientes por un total de ¢982,9 millones.

“Sobre el particular, se debe señalar que el financiamiento de gastos corrientes con ingresos de capital se encuentra terminantemente prohibido por la normativa vigente, y tal limitación encuentra sustento en la necesidad de prevenir que las instituciones públicas se “descapitalicen” poniendo en riesgo su condición de negocio en marcha y lo que es más importante, su capacidad para brindar el servicio público para el cual fueron creadas”, resalta el documento del ente fiscalizador.

Las autoridades del INVU atribuyen ese tipo de práctica a la falta de apoyo financiero por parte del Gobierno Central para solventar las necesidades de recursos existentes. Incluso la necesidad de financiar gastos corrientes con ingresos de capital ha generado solicitudes para que la Secretaría Técnica de la Autoridad Presupuestaria autorice el empleo de este procedimiento; sin embargo, no se acreditó en el estudio la existencia de tales autorizaciones.