El Centro de Atención Integral en drogas para personas menores de edad fue inaugurado en setiembre de 2008.

Con la respuesta de los ma-gistrados de la Sala Constitucional se elimina la posibilidad de cierre del centro, aspecto que es aplaudido por el Patronato Nacional de la Infancia (PANI) y le da mucha tranquilidad al IAFA.

Al respecto, Mario Víquez, presidente ejecutivo del PANI comentó que la entidad siempre se ha enfocado en defender los derechos de los menores edad.

“El derecho a la salud, en que se busca desintoxicar a los menores de edad que están en drogas es fundamental. Es un derecho vital, superior al de uso de suelo. Con la resolución, la Sala Constitucional restablece la jerarquía de derechos humanos fundamentales sobre cualquier trámite municipal”, afirmó Víquez.

El Centro de Atención Integral en drogas para personas menores de edad fue inaugurado en setiembre de 2008 y entró en operaciones en 2009. La construcción del mismo sobrepasó los ¢1.000 millones y cuenta con la ayuda de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), en lo que respecta al suministro de insumos y de personal para la atención médica de los menores, 40 varones y 60 mujeres, los cuales son internados durante varios meses, en el que se les aplica un programa para lograr la desintoxicación y luego son referidos a otras instancias o a sus casas de habitación. La parte educativa está a cargo de funcionarios del Ministerio de Educación Pública (MEP).

Por su parte, Giselle Amador, directora ejecutiva del IAFA, se mostró tranquila por la resolución, al tiempo que sostuvo que los magistrados le endosaron a las autoridades del ayuntamiento de Montes de Oca el pago de los costas procesales.

“Esto nos da más tranquilidad. Lo que hay que esperar es la redacción del fallo, debido a que no sabemos cuál fue el sustento de sus argumentos, pues no sabemos si razonaron en el sentido que los derechos de la niñez están por encima de los planes reguladores”, apuntó Amador.

Con la resolución, la Sala Constitucional restablece la jerarquía de derechos humanos fundamentales sobre cualquier trámite municipal”.

Mario Víquez