Buenos Aires (EFE).- Argentina y Uruguay llegaron a un acuerdo para el monitoreo ambiental conjunto del río Uruguay, que incluirá controles científicos a establecimientos agrícolas e industriales y los centros urbanos ubicados en ambas márgenes de ese recurso fluvial.

El acuerdo fue anunciado por los cancilleres de ambos países, tras una reunión que mantuvieron en Buenos Aires los presidentes de Argentina, Cristina Fernández, y de Uruguay, José Mujica.

Los controles se iniciarán en la planta papelera de UPM (ex Botnia), en la localidad uruguaya de Fray Bentos, cuya instalación detonó una de las más serias controversias diplomáticas en la histórica relación entre Argentina y Uruguay.

El Tribunal Internacional de La Haya estableció en abril pasado que Uruguay violó el tratado bilateral de administración compartida del río al permitir, de forma unilateral, la instalación de la papelera, pero consideró que no está demostrado que la planta contamine, aunque instó a ambos países a hacer controles conjuntos.

A partir de este mandato, ambos países intercambiaron en las últimas semanas diversas propuestas para delinear un acuerdo que establezca cómo se harán los controles.

El acuerdo anunciado establece la conformación en el seno de la Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU) y en un plazo de 30 días un comité científico integrado por dos expertos argentinos y otros dos uruguayos, quienes harán controles periódicos al río que marca la frontera común entre los dos países.

También se harán controles en los establecimientos agropecuarios, las plantas industriales y los asentamientos urbanos ubicados en las costas.

Cuando se realicen en el margen derecho, los controles correrán por cuenta de Argentina, y cuando sean en el margen izquierdo correrán por cuenta de Uruguay, según lo acordado por los presidentes, quienes estuvieron reunidos por poco más de dos horas en la residencia presidencial argentina, a las afueras de Buenos Aires.

Para realizar los controles, se utilizarán los criterios de la CARU, lo que prevé ingresar doce veces al año en cada sitio bajo monitoreo y la elevación de informes periódicos a los dos países.