Se calcula que en Arizona hay cerca de 460 mil inmigrantes indocumentados, la mayor parte de ellos hispanos.

La medida representa una victoria para los críticos que alegan que esa ley puede conducir a la discriminación racial, y para el Gobierno de Estados Unidos, cuyo departamento de Justicia ha interpuesto una de las siete demandas pendientes contra esa norma.

Pero la gobernadora de Arizona, Jan Brewer, que promulgó la ley el 23 de abril, ya ha indicado que apelará contra el bloqueo, lo que promete abrir una larga batalla legal.

La orden de ayer "es un pequeño obstáculo en el camino", indicó la gobernadora, que consideró que la sentencia "da la venia de los tribunales al Gobierno para no hacer su trabajo" de lucha contra la inmigración ilegal.

En su dictamen Phoenix, la jueza ordenó el bloqueo de tres provisiones clave, incluida la obligación de los agentes de Policía a comprobar el estatus migratorio de una persona a la que hayan detenido por otras razones.

También queda en suspenso la aplicación de otra sección que obliga a los inmigrantes a llevar encima siempre la documentación que demuestre que se encuentren de manera legal en el país.

Igualmente se suspende el apartado que convertía en delito el que los inmigrantes indocumentados pudieran pedir empleo en lugares públicos.

La jueza apunta que "hay una probabilidad sustancial de que los agentes detendrán erróneamente a inmigrantes legales bajo la nueva ley", conocida como SB1070.

"Al aplicar esta medida, Arizona impondría una carga 'extraordinaria, inusual y característica' a los inmigrantes ilegales que sólo el Gobierno Federal tiene autoridad para imponer", añade el dictamen de la jueza.

El Departamento de Justicia "es probable que tenga éxito en su demostración de que la ley federal se impone sobre estos aspectos de la Ley SB1070", subraya la magistrada. Los fragmentos de la ley que fueron bloqueados  se mantendrán en suspenso hasta que los tribunales federales se pronuncien sobre su contenido.