La Sala Cuarta acabó con los retenes, ya había prohibió las redadas y hace 16 años despenalizó las contravenciones. La policía preventiva quedó “con la mano derecha amarrada”, la policía represiva desde hace 13 años no puede interrogar a los criminales. El permiso fiscal para robar con fuerza hasta un cuarto de millones de colones, causó estragos. Las caras tapadas de los delincuentes indignan a la gran mayoría de los costarricenses. El altísimo índice de impunidad es igualmente inaceptable que el silencio de las magistrales togas y la politiquería de un criminólogo jubilado. La caótica situación que vive la sociedad costarricense a merced de los hampones, cada se día se agrava más y más.

Esa sonora pifia judicial, no es la primera. Impedirle a la Fuerza Pública la realización de retenes “sin denuncia previa”, es una decisión ridícula e irresponsable.  Será que los magistrados no tienen la menor idea del tiempo que le toma a una víctima o a un policía “poner la denuncia” en el Ministerio Público. Probablemente ningún magistrado constitucional haya visto como funciona la oficina de denuncias del OIJ, a la que deben recurrir todos los ofendidos del área metropolitana. Si asaltan a una ciudadana de Mora, ella tiene que venir hasta el edificio del OIJ, para plantear su denuncia. ¿Cuánto tiempo tardó en llegar?, ¿Cuántas horas esperó para que la atendieran?, ¿Cuánto demoró en declarar?, ¿Qué tendrían en la cabeza los magistrados, para exigir ese absurdo requisito? O a lo mejor cuando redacten todo el voto,  mandarán “erga onmes” que los atracadores esperen hasta que la denuncia esté firmada y así la policía los pueda atrapar en un retén “constitucionalmente idóneo”…

Pero de todo este alboroto hay detalles surrealistas que vale la pena señalar, para carcajearnos.  La presidenta cuando salió del Consejo de Gobierno dijo que presentarían “un recurso de aclaración”.  No existe ese recurso. La solicitud de adición es una gestión, la mayor parte de las veces, rechazada por los tribunales, que tiende precisamente a aclarar el “por tanto” del fallo, pero no puede contradecir lo resuelto.  Después el gobierno cambió de rollo y dijeron que seguirían con los retenes hasta que les notifiquen (varios meses mientras redactan la sentencia completa) y finalmente informaron que “buscarán la notitia criminis en el OIJ…ja,ja,ja. Lo vacilón es que el ministro había dicho en una entrevista publicada en el Diario Extra, hace pocos días, que con los retenes estaban logrando buenos resultados… y pum… la sala cuarta le echo a perder el plan que le tomó más de 100 días de escritorio.

El panorama es muy claro. El errado fallo de la Sala Constitucional, es un golpazo más a la maltrecha Fuerza Pública y a la sociedad costarricense. Las magistradas y los magistrados han favorecido una vez más a los delincuentes. Otro desprecio para las víctimas del hampa.

Dice un viejo policía judicial que son 103 hampones quienes tienen en jaque a las comunidades de la meseta central. Entonces a cada uno de los 103 políticos que mandan en el país (24 del Ejecutivo, 57 del Legislativo y 22 del Judicial),  hay que  responsabilizarlos de buscar la solución para proteger a la comunidad que ataca uno de esos pillos. Con sólo que cada político resuelva los problemas que ocasiona un maleante, habremos avanzado muchísimo.