Editorial

Las interpretaciones de la Sala Constitucional están ya a punto de colocar a este país en la línea del despeñadero. Rayan ya en la promoción del libertinaje, lo que deja mucho que desear en torno a la convivencia en sociedad.

El país debe evaluar el tema. Es urgente plantearse cuál es el marco regulatorio que debe prevalecer, si es que debe haber alguno, o definir si simplemente es cuestión de respetar una especie de libertad absoluta para todos, de manera que al final se termine por generar un completo desorden.

En ese sentido, lo primero y fundamental que es necesario establecer es si la Constitución Política está acorde con un sistema democrático de respeto a los derechos individuales, pero que abra espacios a la protección de los derechos de la colectividad. Y, por definición, será elemental definir si hay o no momentos en que los derechos individuales prevalezcan sobre los derechos colectivos, o viceversa.

Esto no parecía un asunto de trascendencia antes de que existiera la Sala Constitucional, pero hoy en día debe ocupar un lugar de prevalencia en el Poder Judicial, e incluso en el nivel político en general.

Cuando la Sala Constitucional decide, al resolver un recurso de hábeas corpus que la Fuerza Pública está imposibilitada de realizar operativos policiales que supongan retenes en las vías públicas, no están los señores magistrados aplicando el sentido común.

Si la policía costarricense no puede realizar retenes en aras de verificar información de ciudadanos y vehículos que circulan por las vías públicas, para que nadie se sienta ofendido o pierda su tiempo -como alegó el ciudadano que acudió a la Sala- entonces mejor cerremos la policía, y así oficializamos el caos y la inseguridad.

Los antisociales no le piden permiso a nadie para actuar, y ponen en peligro, de manera sistemática, a la gente honrada de este país. Si frente a ese escenario se pretende que los policías solo puedan actuar bajo premisa de denuncia, y no por la vía de la prevención, la verdad es que hemos llegado al límite de los absurdos.

Los señores magistrados tienen la responsabilidad de vigilar el acatamiento de la Constitución Política, pero va siendo hora de que, cuando se les ocurren fallos como el de comentario, se les obligue a decirle al país cómo manejarse dentro de los escenarios que sus resoluciones crean.

Quisiéramos saber cómo debe actuar la policía cuando se le ha dejado pintada en la pared. Claro: los magistrados no asumen la responsabilidad de decir qué hacer. Es más fácil decir qué no hacer.

Así no vale. Crear un enorme problema, bajo la premisa de solucionar otro, no deja de ser absurdo. Además, en el caso de marras, los magistrados han igualado conceptos que no tienen nada que ver. Se han basado en la norma constitucional que prohíbe detener arbitrariamente a las personas, para decir que la Fuerza Pública no puede montar retenes. ¿Acaso parar a un conductor en retén es lo mismo que detenerlo? Y entonces, ¿qué será lo que ocurre cuando se esposa a una persona y se le traslada a la cárcel? Porque, que se sepa, en los retenes, lo que se hace es verificar documentos, una cuestión que hasta ahora todos creíamos que era una tarea de la policía.

Ya son varios los casos en que la Sala Constitucional pone a este país de cabeza con sus resoluciones. Falta poco, realmente poco, para llegar al día en que no se pueda hacer absolutamente nada, porque a alguien no le gusta, o se siente maltratado por ello.

De allí que es indispensable que se entre a un análisis serio. O hay que cambiar la Constitución, porque ya no tiene sentido, o hay que cambiar la Sala Constitucional porque ya perdió su norte, o hay que cambiar a los magistrados actuales, que se perdieron en el camino. Y tal vez, en realidad, hay que hacer los tres cambios. Pero lo que sí es seguro, es que por esta vía no podemos seguir, porque no vamos en la dirección correcta.