Editorial

El Ministerio de Educación Pública (MEP) le debe casi 85 millones de colones a la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS). Es algo que no se computa fácilmente, porque tan importante es la educación como la salud en una sociedad. Y por ello, no es aceptable que las autoridades rectoras del sector educativo se muestren indiferentes ante su incumplimiento con la seguridad social.

Las leyes son de acatamiento obligatorio, pese a que sistemáticamente encontramos que en el sector público hay quienes invierten la relación para tratar de justificar su irresponsabilidad. Vale decir que suelen aparecer funcionarios que incurren recurrentemente en el error de creer que como son parte del Gobierno, pueden dejar de lado las obligaciones para con este o sus instituciones.

Se les olvida a esos funcionarios que las instituciones del Gobierno no fueron creadas en función del Gobierno, sino de los ciudadanos que conforman este país, y que son, por ende, la razón de ser de la institucionalidad.

Entonces, en ese contexto, piensan de manera simplista que si no se atienden obligaciones como por ejemplo las del Ministerio de Educación con la Caja, no se pierde nada, porque el mismo Gobierno no se puede hacer daño.

Error. Porque, el Gobierno sí se puede hacer daño. De hecho, con el paso del tiempo, se ha convertido en especialista en esa materia. Y por ello, tenemos hoy un sector público atrofiado e ineficiente en los procesos de toma de decisiones a favor de los ciudadanos.

Pero, más aún, cuando el Gobierno se hace daño a sí mismo, no puede evitar hacerle daño de manera directa a aquellos a los cuáles debe proteger y servir. Así, esa ineficiencia se traslada a las diferentes entidades y se traduce en ausencia de servicios de calidad, o atención a destiempo. Y en materia de salud, el problema más grave es que esto puede acarrear una menor calidad de vida, o hasta la pérdida de ésta.

El MEP da, además, un pésimo ejemplo al país, cuando deja de pagar las cuotas obrero patronales, porque queda la sensación de que otros también lo pueden hacer.

Recurrentemente, en los medios de comunicación ponemos sobre el tapete el caso de los equipos de fútbol. Y aunque suele haber de parte de las autoridades de la Caja cierta reserva en el tema, de vez en cuando se obtiene la información sobre los incumplimientos de grandes empresas de este país. Pero, muy poco se llega a saber de la situación de las propias instituciones del Gobierno, que no por ello están exentas de girar los dineros correspondientes a la seguridad social del país.

Y en este caso del MEP, hay también otras implicaciones. Porque aunque las autoridades superiores de la Caja alegan que no se pueden dejar de cubrir las incapacidades de los funcionarios del sistema educativo, lo cierto del caso es que el tema generó toda suerte de dificultades para muchos de ellos.

El problema es que no siempre las instrucciones llegan bien a los mandos medios, y no siempre, tampoco, se interpretan bien. De esto, mucho pudo haber pasado, sin duda. Pero eso no interesa al final cuando el asegurado no recibe el servicio por el incumplimiento de su patrono; un patrono que tiene tanta responsabilidad con sus trabajadores como con los usuarios del sistema educativo, a quienes debe formar como futuros ciudadanos de este país.

Y no deja de ser paradójico que sea el Ministerio de Educación el que incumpla con la Caja, porque mucho se ha dicho que es necesario incorporar en los programas curriculares alguna materia referida al compromiso de los ciudadanos con la institucionalidad costarricense y con el pago oportuno de los impuestos.

Pues en el MEP como que no solo han evadido sistemáticamente esa responsabilidad, sino que ahora extienden el mal hacia el extremo de predicar lo contrario con su ejemplo.

Es de esperarse que el problema sea asumido con la seriedad del caso y se corrija de inmediato, para evitar perjuicios adicionales al sistema de seguridad social que distingue a este país.