Oportunidades laborales para los privados de libertad

La cruda verdad es que las estadísticas de los principales centros penitenciarios del valle central (San José y La Reforma), donde se indica que la gran cantidad de privados de libertad se encuentran laborando, son en realidad estadísticas que equiparan el estudio y el tendido de una cama con el trabajo, siendo que quienes cuentan con la oportunidad de un verdadero trabajo remunerado es una poca cantidad de reclusos, toda vez que las fuentes de trabajo remunerado son limitadas, limitándose el desarrollo integral del recluso.

En el caso del Centro de Atención de San Sebastián, se carece de espacio para desplegar un adecuado desempeño laboral de las personas que se encuentran allí, y las labores que se desempeñan en la actualidad nacen a partir de la creatividad de los mismos funcionarios del centro, dependiendo, claro está, de los recursos económicos con que cuenten, los cuales en su mayoría son proporcionados por la misma junta de privados de libertad.

Se evidencia que la prioridad del Estado es ampliar espacios para poder recibir más privados de libertad, dejando a un lado la creación de lugares adecuados para desempeñar labores dignas que les permitan no solo tener una forma de colaborar económicamente a sus familias, sino también, una manera de sentirse útiles en reclusión mientras amplían sus destrezas laborales, las cuales sin lugar a dudas les facilitarán su reinserción a la sociedad.

En el Centro de Atención La Reforma, tampoco existen posibilidades laborales, tomando en cuenta que la población de dicho centro para finales del mes de octubre de 2009 era de 2.500 personas, el hecho de que tan solo 100 laboren con dos empresas privadas es realmente alarmante, lo cual deja ver con claridad la falta de planeamiento en materia de trabajo remunerado dentro de nuestro sistema penitenciario.

Amparándose el Ministerio de Justicia en votos de la Sala Constitucional que indican que no existe relación laboral entre el privado de libertad y el Ministerio, y que el pago que se da es un simple incentivo (¢15.000 por mes), se dan ganancias significativas para el Estado, toda vez que esta fuerza laboral, según la Memoria de Labores del año 2008 del Ministerio de Justicia generó más de ¢1.300 millones a nivel nacional durante ese mismo año en áreas industriales, agropecuarias, y producción de panadería.

Es nuestro deber como ciudadanos dar una voz de alerta sobre la falta de convenios e incentivos que el Estado debe procurar a los empresarios con el fin de contribuir con la reinserción productiva a la sociedad de una población prácticamente olvidada por todos y en mayor medida por el Estado, el cual olvidó el objetivo resocializador de la reclusión.

* Abogado