Editorial

El Gobierno definió sus prioridades en materia de infraestructura en el área de salud, estableciendo una larga lista de proyectos entre los cuales destacan la construcción de nuevos hospitales en Cartago y en Turrialba.

Por supuesto, el programa incluye la construcción de nuevas instalaciones dentro del marco del programa de Equipos Básicos de Atención en Salud (Ebais) y la remodelación o ampliación de otros que ya estén funcionando en locales propios.

Como en otros campos, lo primero en lo que quedarán a prueba el Poder Ejecutivo y la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) es en la verdadera capacidad de hacer que las cosas se hagan, porque allí es donde en este país se colecciona el mayor número de fracasos.

Pero, más allá de ese tema, desde hace rato había llegado la hora de que alguien se tomara el serio la necesidad de construir un nuevo hospital en Cartago. El Max Peralta es hoy un centro médico colapsado, al que el crecimiento de la población y de la misma ciudad de Cartago alcanzaron y rebasaron, trayendo como consecuencia que no ofrezca hoy las condiciones mínimas de atención a los asegurados.

Se había dado el paso en Alajuela, y acaba de completarse el proceso en Heredia. Pero da la impresión de que ni la Caja ni el Ejecutivo son capaces de plantearse en forma paralela la construcción de dos centros médicos de esa categoría, a pesar de las evidentes necesidades que en esa materia tiene el país.

Esto nos lleva forzosamente a otro punto: desde hace al menos cuatro administraciones, lo que implica más de 12 años, han estado sobre el tapete de manera sistemática varias iniciativas para construir nuevos centros hospitalarios en el área metropolitana de San José. Hay quienes piensan que debe ser en el área de Goicochea o Coronado, mientras otros estiman que Desamparados tiene mayor necesidad, y también los hay que opinan que debería ser en Alajuelita. Lo que finalmente sea mejor, lo deberán determinar en su momento las autoridades de la Caja.

Pero es curioso que entre los nuevos proyectos de esta administración no se plantee el asunto. Y tampoco se incluyó la construcción de nuevas clínicas periféricas, que abran opciones para mejorar el servicio que se brinda a los asegurados.

En la capital y sus alrededores lo más reciente en materia de infraestructura hospitalaria ha sido la ampliación del Blanco Cervantes, que se llevó mucho más tiempo de lo debido, aumentando sustancialmente los costos, amén de que se trata de un centro médico especializado en la atención de un sector de la población. Antes de eso, hay que buscar en los archivos la ampliación del Calderón Guardia. No hay otras obras que realmente hayan abierto espacios adicionales para la atención de pacientes, pese a que encontrar una cama desocupada en hospitales como el mismo Calderón, el San Juan o el México, se parece cada vez más al ejercicio de sacarse la lotería. Y para nadie es un secreto que la población ha crecido de manera sustancial desde que se dieron los últimos proyectos.

Sin embargo, el tema sigue en lista de pendientes, y pareciera que sin visos de ser asumido con la responsabilidad que amerita.

Y hay que agregar que desde que se inició el programa de los Ebais, ya ni siquiera se volvió a hablar de nuevas clínicas, pese a que muchas veces se dijo por parte de los jerarcas de turno de la Caja que estos centros podrían servir de apoyo a los hospitales en la atención de ciertos tipos de emergencias.

Pareciera que falta una visión más integral en el abordaje de los proyectos de infraestructura por parte de las autoridades de la Caja. Y si bien es cierto que las carencias no se pueden suplir de la noche a la mañana, es fundamental tener un plan de acción claro frente a las crecientes necesidades del país.

Finalmente, es de destacar el compromiso asumido en torno al proyecto del expediente electrónico, pero ojalá que en el camino se asuman los costosos aprendizajes del pasado reciente, de manera que no se cometan los mismos errores. Este es un asunto que debió haber sido resuelto hace ya muchos años por la Caja, debido al impacto que tiene sobre la calidad del servicio que se presta al asegurado.