Editorial

El capítulo de obras viales que incorpora el Plan de Inversiones presentado por el Poder Ejecutivo la semana pasada, alienta por las iniciativas que contiene, pero no elimina esa sensación de frustración y desesperanza que surge siempre que se colocan en lista de prioridades proyectos que debieron convertirse en realidad hace 20 ó 30 años.

Desde esa perspectiva, el reto fundamental para la presente administración será alcanzar una nota aceptable en materia de realizaciones, que es donde más sistemáticamente se ha fallado en el medio costarricense.

La lista incluye el tramo norte de la carretera de Circunvalación. Este proyecto comenzó a construirse el 12 de octubre de 1978, y el país no ha podido concluirlo, al grado de que en el tramo que ahora se anuncia en algunos casos ni siquiera se han completado las expropiaciones necesarias.

Además, se incluye un paso a desnivel en la rotonda de Paso Ancho. El proyecto original lo contemplaba, pero se eliminó por la vieja práctica del facilismo, pensando más en ahorrarse unos cuantos colones a la hora de construir, sin pensar siquiera en el costo que esa actitud tendría para el país en el largo plazo, por los congestionamientos que se generan.

Y resulta sorprende la inclusión del tramo norte del Anillo Periférico en esta lista, porque se trata de una fracción de un proyecto que data desde 1982, pero que fue echado al baúl de los recuerdos por todas las administraciones desde entonces. Nadie duda que se trate de una obra de gran importancia para reducir los tiempos de tránsito de mercadería, así como para reducir los congestionamientos viales en la zona metropolitana de San José.

En la misma línea, resultan trascendentales el tramo final de la autopista Florencio del Castillo, que unirá Curridabat con la Circunvalación, en Zapote, y con la Radial Zapote, y la solución plantada al triste espectáculo que se vive a diario en la Uruca, entre la rotonda donde se ubica el puente Juan Pablo Segundo, y la intersección de la Pozuelo.

Todos estos proyectos son, sin duda, importantes para abrir espacios que hagan de la conducción una tarea menos estresante en este país. Y a ellos se suman la construcción de una nueva carretera a Limón, la ampliación de la General Cañas y la Bernardo Soto y la terminación de la carretera a San Carlos.

Sin embargo, a pesar de lo apuntado, hubiese sido mucho más esperanzador que la lista, aunque fuese más corta, tuviera esos visos de realismo que le faltan. No se puede dudar que al final de la presente administración algunos de estos proyectos serán ya una realidad, pero, al ritmo en que se hacen las cosas en este país, sería iluso pensar que para 2014 todo estará hecho, como sugiere el ministro de Obras Públicas y Transportes, Francisco Jiménez, al decir que los proyectos se echarán a andar en forma paralela.

Solo hay que comenzar por una cosa para entender que, desgraciadamente, no es tan sencillo como dice el funcionario. La mayoría de los proyectos anotados requiere de expropiaciones. Es más, hay casos casi risibles, como la ampliación de la Bernardo Soto, porque desde hace ocho años se le ha venido diciendo al país que no avanza porque la empresa que ganó la concesión no ha podido conseguir los recursos para la obra. Eso ya de por sí es una vergüenza -para no llamarlo de otra manera-, porque no es lógico que se le adjudique un proyecto a alguien que no tiene capacidad para realizarlo. No obstante, más allá de esa realidad, lo cierto es que el Gobierno ni siquiera ha terminado las expropiaciones de terrenos necesarios para la ampliación de la vía. Es absurdo, pero real.

Y a la fecha, no se han encontrado mecanismos para hacer más expeditas las expropiaciones, pero tampoco para hacer más cortos los procesos de licitación.

Para disimular todos estos problemas, en los últimos años se había venido cargando la mano a los organismos financieros internacionales, al decir que ya no disponía créditos para obras públicas, salvo si llegaban por la vía de las concesiones. Hoy, ha quedado demostrado que no es así, y el país dispone de varios créditos del Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco Centroamericano de Integración Económica, el Banco Mundial y el Comisión Andina de Fomento, entre otras.