Editorial

Está abierta la discusión sobre una Ley de Autonomía para los pueblos indígenas. Por enésima vez, el tema está en el tapete, y por enésima vez, los diputados, los dirigentes de las organizaciones indígenas y los dirigentes de otras organizaciones, así como los demás políticos, se enfrascan en una discusión en torno a la idea de que se trata de un grupo poblacional al que hay que darle un cierto carácter específico.

Nada más alejado de la realidad. Sucede que en este país hay una norma constitucional que define quiénes son ciudadanos, y por ende, sujetos a los términos de esa misma Carta.

De manera que cuando se habla tanto de que no se reconocen los derechos de los indígenas, o tienen acceso a tales o cuáles servicios, en realidad se está planteando un irrespeto a la Constitución Política.

Este es el primer contexto en que se debe ubicar la situación de la población indígena costarricense, y es un aspecto que no se puede negar, ni da pie a segundas interpretaciones.

Todos los ciudadanos de este país gozan de una serie de derechos que la Carta Magna otorga. Y en ningún momento ni bajo ninguna consideración se establecen excepciones que pudiesen interpretarse como una especie de estatus específico para un sector de la población.

La confusión que se quiere hacer con el tema obviamente le debe dejar dividendos a algunos grupos que suelen hablar de la necesidad de acciones afirmativas a favor de ciertos sectores, pero que en realidad esconden premisas temerarias que suponen el desconocimiento de los derechos de esos sectores.

Por otra parte, cuando se habla de autonomía, se suele evadir la explicación sobre los alcances del término, premisa que permite luego salir en cualquier dirección.

Y al mismo tiempo, se promueven leyes que terminan por desconocer el hecho cierto de que en el país hay ocho etnias indígenas diferentes, y 24 territorios indígenas. Esto implica que no se pueda hablar de la población indígena como una sola.

Por ende, cuando se pretende una legislación única para tantos grupos, es difícil encontrar puntos de coincidencia absoluta. Y este es un gran problema que no se ha visto en la verdadera dimensión que tiene. De allí vienen, precisamente, los conflictos que se han generado incluso en el pasado reciente alrededor de la Comisión Nacional de Asuntos Indígenas (Conai), a través de la cual el Estado ha invertido grandes presupuesto durante muchos años, mientras persisten en la población las mismas necesidades.

Y ese ente ha servido, también, para librar fuertes batallas entre facciones políticas divergentes, lejos del ejercicio de adelantar acciones a favor de la población indígena.

Por tanto, el concepto tiene que cambiar sustancialmente, y el momento oportuno para hacer es este. Después de corregir el problema de las violaciones sistemáticas a la Constitución, lo que cabe es pasar a una revisión de la acción institucional, para que las omisiones actuales no se repitan.

Finalmente, en el fondo de todo este asunto sobresale un tema: la cuestión de la territorialidad. Allí es necesario entender que los indígenas, como cualquier otra persona, tienen derecho a sus propiedades, incluso de manera individual. Lo contrario solamente debería darse para aquellos que así lo quieran, sin imposiciones para nadie.

Por desgracia, se han construido alrededor de este tema una serie de mitos, a partir de la teoría de que los indígenas valoran tan mal lo que tienen, que pueden terminar regalándolo a otros. Y en realidad, no se trata de eso, sino de que es urgente definir términos para las relaciones comerciales con las poblaciones indígenas.

Así, sería posible, por ejemplo, obligar a quienes realizan negocios con ellos a elaborar y presentar los documentos tanto en español como el correspondiente lenguaje indígena.

Para eso, claro está, el mismo Estado debe comenzar por garantizar que la Constitución y las leyes sean traducidas y estén disponibles en esas lenguas. Si no se da ese paso, se seguirá comprometiendo las posibilidades de estos costarricenses de defender sus derechos, y eso, en un país de derecho, es un absurdo.